La proteción a la salud de los presos

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La materia del derecho penal, tiene como objetivo específico establecer las reglas de comportamiento en una sociedad, tipificando (plasmar en una norma) toda conducta que pueda ser castigada. Es con base en esto que el propósito principal de un centro penitenciario no solamente va dirigido a disuadir a los reclusos de cometer nuevos delitos cuando recobren la libertad, sino también disuadir a las personas que puedan estar tentadas de cometer un delito.

Es muy importante tomar en cuenta que todas estas conductas no solamente se refieren a delitos comúnmente reconocidos, como el homicidio o el robo, sino que abarcan un campo mucho más amplio en donde toda actividad o prestación de servicio tiene reglas encaminadas a esta materia; en el caso de la medicina, el ejemplo perfecto, puede ser la negación del servicio, la usurpación de profesión o una negligencia médica, cada una con un posible “castigo”, que puede ir desde el pago de una multa hasta cierto tiempo en prisión.

Es por esto que, se plantea a continuación el caso de “Luis M.”, un médico del estado de Oaxaca que fue detenido por una supuesta negligencia médica al brindar atención médica a un pequeño que acudió a él por una fractura, pero muere debido a una mala praxis en la aplicación de la anestesia. Por lo que el objetivo principal de este caso y al tema que nos compete, no es estudiar si hubo o no responsabilidad del Dr. Luis M. sino a todo lo que conlleva estar en un centro penitenciario.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la obligación de tratar a las personas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano comprende, entre otras cosas, la prestación de cuidados médicos adecuados, por lo tanto, al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta una sujeción especial sobre las que se encuentran bajo su custodia; en este sentido, debe cumplir la obligación positiva de proporcionar a cada una la asistencia médica necesaria, por ser garante de su integridad.

Es así, que podemos observar una serie de criterios completamente diferentes dependiendo del supuesto en el que te encuentres. ¿Una persona imputada por homicidio deberá de recibir el mismo trato o atención médica que el doctor Luis M.?

¿Es entonces el Derecho la fuente de tantas injusticias? La respuesta a esto se encuentra en la correcta definición del concepto de “recluso” y la correcta interpretación de nuestro artículo 4 constitucional, el cual nos señala de manera precisa lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud…”

Es por lo anterior que se reitera la obligación del Estado a garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad y por ello tener en todo momento, un conocimiento razonable del estado de salud de las personas que se encuentran bajo su régimen de sujeción especial, donde la falta de presupuesto o de personal no puede eximirle del cumplimiento de esa responsabilidad.

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